La ONG Fores condenó la resolución firmada por Kirchner que otorga a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que depende del Ejecutivo, el control financiero sobre el Congreso y el Poder Judicial.
a organización no gubernamental FORES, vinculada con temas judiciales, advirtió sobre el "graveavance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial" a raíz de la firma del decreto que le otorga a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo que depende del Poder Ejecutivo, el control financiero sobre el Congreso Nacional y el Poder Judicial.
Mediante un documento, FORES calificó al decreto en cuestión, el 1344/07, como "otro ataque a la independencia judicial" y se preguntó: “¿Cómo puede ser que no se respete la Constitución Nacional desde el propio Poder Ejecutivo?".
Patricio Petersen, presidente del Comité Ejecutivo de Fores, sostuvo que “la autarquía financiera garantiza la independencia del Poder Judicial y su libertad de decisiones”. Y agregó: “Otra vez se le pide a los jueces que hagan bien su trabajo mientras poco a poco los ahogan con presiones y límites a su función”.
Según FORES, el contenido del decreto se suma a "otros ataques al Poder Judicial”, como la reforma del Consejo de la Magistratura y las críticas públicas de funcionarios de otros poderes acerca de la marcha del Poder Judicial, según especificó.
Ver nota: Perfil.com
lunes, 12 de noviembre de 2007
sábado, 3 de noviembre de 2007
El Gobierno justificó los 13 despidos del INDEC
La dirección de organismo aclaró que esas personas eran "innecesarias" para elaborar cifras oficiales. El documento firmado por funcionarios de Economía y la Jefatura de Gabinete garantizaba la "continuidad del personal contratado".
A pesar de que el Gobierno se comprometió a mantener la continuidad del personal contratado, la dirección del INDEC admitió que 13 empleados fueron separados de sus cargos en las áreas de inflación y pobreza, pero negó que se trate de "despidos".
La cúpula de la institución encabezaba por Ana María Edwin se desligó de los nuevos problemas que acechan al cuestionado instituto al asegurar que los 13 trabajadores desplazados tenían "contratos transitorios", cuya renovación era "innecesaria".
Esta decisión deja en evidencia una gruesa contradicción entre las intenciones de normalizar el INDEC que desde la Casa Rosada propusieron a los delegados gremiales de la entidad.
Según consta en el inciso c) del acta firmada el 17 de octubre pasado por representantes de la administración de Néstor Kirchner y de los trabajadores, el Gobierno acordó "arbitrar las medidas que instrumenten la continuidad del personal contratado".
Sin embargo, el aire renovador (o continuador) que aportó la victoria electoral de Cristina Fernández de Kirchner aceleró el proceso de normalización de la institución, a tal punto que el mismo día que se comenzó a implementar la nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), al menos nueve empleados perdieron sus trabajos. Con otros cuatro técnicos ocurrió lo mismo al día siguiente. Curiosamente, muchos de ellos eran declarantes en la causa que investiga la "manipulación" de datos estadísticos.
Fuente: Perfil.com
A pesar de que el Gobierno se comprometió a mantener la continuidad del personal contratado, la dirección del INDEC admitió que 13 empleados fueron separados de sus cargos en las áreas de inflación y pobreza, pero negó que se trate de "despidos".
La cúpula de la institución encabezaba por Ana María Edwin se desligó de los nuevos problemas que acechan al cuestionado instituto al asegurar que los 13 trabajadores desplazados tenían "contratos transitorios", cuya renovación era "innecesaria".
Esta decisión deja en evidencia una gruesa contradicción entre las intenciones de normalizar el INDEC que desde la Casa Rosada propusieron a los delegados gremiales de la entidad.
Según consta en el inciso c) del acta firmada el 17 de octubre pasado por representantes de la administración de Néstor Kirchner y de los trabajadores, el Gobierno acordó "arbitrar las medidas que instrumenten la continuidad del personal contratado".
Sin embargo, el aire renovador (o continuador) que aportó la victoria electoral de Cristina Fernández de Kirchner aceleró el proceso de normalización de la institución, a tal punto que el mismo día que se comenzó a implementar la nueva metodología para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), al menos nueve empleados perdieron sus trabajos. Con otros cuatro técnicos ocurrió lo mismo al día siguiente. Curiosamente, muchos de ellos eran declarantes en la causa que investiga la "manipulación" de datos estadísticos.
Fuente: Perfil.com
Luego del aumento de taxis, prepagas y seguros, el Gobierno dará vía libre a subas en luz, gas y colectivos
Después de dejar en suspenso varios ajustes antes de las elecciones, el oficialismo dará luz verde a las empresas para que actualicen sus tarifas. Respuesta a un electorado esquivo. Más información en la Edición Impresa.
Durante las elecciones nacionales, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires se mostraron esquivos al Gobierno de Néstor Kirchner y la continuidad de su Gestión. La respuesta desde la Casa Rosada no se hizo esperar, y aquellos aumentos que el oficialismo había dejado en suspenso se comienzan a poner en marcha de a poco.
Liberados por el Gobierno, a los aumentos del servicio de taxis (19%), prepagas (24%) y seguros (%35) que se pusieron en marcha esta semana se sumarán en poco tiempo un incremento en los colectivos, las facturas de luz, gas, alumbrado y barrido, y naftas, según informó hoy el diario PERFIL .
Mientras en la Casa de Gobierno las tarifas de la ciudad generaron grandes discusiones y millonarios subsidios del Presupuesto nacional, desde las empresas aprovechan la ocasión para hablar de un “sinceramiento” en relación al desfasaje que el precio de algunos servicios presenta en relación a lo que se paga en el interior del país.
En el caso de la energía, el Gobierno está en plena negociación con las distribuidoras para determinar el porcentaje y la aplicación de un aumento, que debería aplicarse el 1° de febrero. El incremento rondaría el 15%.
En relación al boleto de colectivo, se encuentra a consideración un proyecto elaborado antes de las elecciones para aumentar de $0,80 a $0,90 el boleto mínimo en la llamada “jurisdicción nacional”, que abarca a las líneas que recorren la Capital Federal.
Durante las elecciones nacionales, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires se mostraron esquivos al Gobierno de Néstor Kirchner y la continuidad de su Gestión. La respuesta desde la Casa Rosada no se hizo esperar, y aquellos aumentos que el oficialismo había dejado en suspenso se comienzan a poner en marcha de a poco.
Liberados por el Gobierno, a los aumentos del servicio de taxis (19%), prepagas (24%) y seguros (%35) que se pusieron en marcha esta semana se sumarán en poco tiempo un incremento en los colectivos, las facturas de luz, gas, alumbrado y barrido, y naftas, según informó hoy el diario PERFIL .
Mientras en la Casa de Gobierno las tarifas de la ciudad generaron grandes discusiones y millonarios subsidios del Presupuesto nacional, desde las empresas aprovechan la ocasión para hablar de un “sinceramiento” en relación al desfasaje que el precio de algunos servicios presenta en relación a lo que se paga en el interior del país.
En el caso de la energía, el Gobierno está en plena negociación con las distribuidoras para determinar el porcentaje y la aplicación de un aumento, que debería aplicarse el 1° de febrero. El incremento rondaría el 15%.
En relación al boleto de colectivo, se encuentra a consideración un proyecto elaborado antes de las elecciones para aumentar de $0,80 a $0,90 el boleto mínimo en la llamada “jurisdicción nacional”, que abarca a las líneas que recorren la Capital Federal.
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